Esta columna quedo escrita y a punto de publicarse en Economia y Negocios, de El Mercurio- pero el destino quiso otra cosa. Justo cuando iba a imprenta, se aprovo con sorprendente velocidad, y en medio de movilizaciones y paros que aun persisten, la nueva propuesta de ley.
El texto no salio impreso pues se estimo que el tema habia perdido interes. De todas maneras, comparto mi punto de vista con la blogosfera.

El nuevo proyecto de ley para el financiamiento de la educación superior parece explotar en la cara de los estudiantes que se aferran a la idea de que alguien les está robando. El movimiento universitario apunta con total propiedad a presidentes, ministros y políticos, olvidando que los principales culpables de los problemas del sistema de educación superior son los mismos universitarios.

En el fondo muchos pareciesen no comprender que un crédito que no se devuelve no es crédito, y que el dinero que se inyecta al fondo, es dinero de todos para pagar las deudas de unos pocos.

Justamente como es dinero de todos, cabe preguntarnos porque éste sólo beneficia a algunos. Tema sin respuesta frente a reclamos que exigen como propios una serie de beneficios y privilegios basado en cuestiones completamente arbitrarias, ideológicas y sin base técnica.

Es sorprendente el grado de arrogancia con que las así llamadas “universidades tradicionales” y sus estudiantes creen haber heredado el derecho exclusivo de sobrellevar la tarea de la educación superior, erigiéndose a si mismas como las únicas alternativas validas y de calidad.

La realidad nos dice que la calidad no está asegurada en la totalidad de las universidades del consejo de rectores y que éstas desde hace tiempo han dejado de ser universidades estatales para ser de administración privada.

Es difícil responder al temor de los universitarios porque éste no tiene un cuerpo coherente claramente definido. Quizas baste con comunicar el real espirittu de la ley. Habrá que aclarar que los nuevos créditos serán financiados por la banca y no por el estado; que la devolución de los mismos será asegurada mediante sistemas de cobro efectivos y justos; que los beneficios serán otorgados por una comisión intermediaria y no directamente por los bancos; que el sistema de ahorro propuesto será apoyado por subsidios para las familias de menores recursos; y que los créditos serán otorgados a estudiantes de instituciones acreditadas en la calidad.

Se ha declarado la debacle y el fin del sistema actual de financiamiento, asumiendo que éste será reemplazado y los estudiantes de las universidades del consejo de rectores, abandonados. La verdad es que se suma una nueva alternativa a quienes en este momento no tienen acceso a ninguna, conformando un sistema más solidario, justo y eficaz.